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    sábado, 21 de julio de 2012

    España pide a gritos ser rescatada

    La Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo de financiación que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades para que puedan hacer frente a sus vencimientos de pago.
    Rescate. La palabra que el Gobierno no quiere oír ni pronunciar retumba cada vez más. El Eurogrupo concedió ayer el rescate para recapitalizar la banca, pero los mercados apuestan cada vez más claramente que España necesitará un rescate total. A la vez, la Comunidad Valenciana se convirtió ayer en la primera en pedir el rescate al Gobierno central. “No hay dinero”. Esas tres palabras, en boca de un ministro de Hacienda, son un chorro de gasolina al fuego. Es la frase que más ha repetido Cristóbal Montoro la última semana. Y los inversores han tomado buena nota. No hay dinero para España, tampoco en los mercados, donde ayer la deuda vivió su jornada más dramática y arrastró a la Bolsa en su desplome.
    La desconfianza en España ha alcanzado niveles récord, con un deterioro sin precedentes en los últimos meses ante el que el Gobierno da una sensación de impotencia cada vez mayor. Ayer, la prima de riesgo (rentabilidad extra exigida a la deuda española a 10 años frente a la alemana, considerada segura) superó por primera vez en la era euro los 600 puntos básicos (6 puntos porcentuales), algo que no ocurrió ni siquiera en los últimos seis años de la peseta. Por ejemplo, cuando José María Aznar llegó al poder, en 1996, la prima de riesgo estaba por debajo de los 300 puntos básicos.
    En realidad, la prima de riesgo se ha duplicado en menos de cinco meses. Rajoy la heredó algo por encima de los 300 puntos básicos y aún estaba en ese nivel a comienzos de marzo, pese a que ya se conocía la desviación del déficit de 2011 (salvo la parte que luego afloraron las comunidades de Madrid y Valencia). Desde entonces, sin embargo, todos los indicadores de confianza en España se han hundido: prima de riesgo, intereses exigidos a la deuda, Bolsa, calificaciones de solvencia, fuga de capitales, seguros contra el impago de deuda...

    El retraso en la aprobación de los presupuestos (que han durado dos semanas en vigor), los errores en las relaciones con Europa, la crisis de Bankia (primera que no se ha gestionado desde el Banco de España, sino desde el Gobierno, con el resultado conocido), el estigma por la petición de rescate a Europa para recapitalizar la banca, la incapacidad para reducir significativamente el déficit a pesar de los recortes y las perspectivas de que la recesión se alarga (en parte por esos mismos recortes) han provocado que los inversores huyan de España como nunca antes lo habían hecho.
    Hay un factor europeo indudable, la crisis del euro y la debilidad de la respuesta europea, que ha provocado una brecha en Europa entre los países que se financian casi gratis y los que lo hacen cada vez más caro. Pero la prima de riesgo española era 200 puntos inferior a la italiana a principios de año y ahora es 110 puntos superior. Hay también, por tanto, una explicación española que ayer se hizo quizá más evidente que nunca con un cóctel explosivo de noticias de las que asustan a los inversores.
    El mismo ministro que proclama que “no hay dinero” anunció ayer que planea gastarse el año que viene un 9% más, a pesar de todos los recortes anunciados. La carga extra de intereses a pagar en 2013 (por el aumento de la deuda y de la desconfianza en España) se come casi todo lo que el Gobierno espera ingresar con la subida del IVA. Esa subida del IVA y los recortes en inversiones contribuirán a que la economía retroceda otro 0,5% en 2013, en lugar de crecer, como esperaba el Gobierno inicialmente.

    El rescatado tiene que rescatar

    Y a ese Gobierno que no tiene dinero es al que decidió pedir el rescate la Comunidad Valenciana. Lo anunció con los mercados abiertos (sin advertir previamente a Montoro, al que el anuncio pilló fuera de juego) y provocando la alarma internacional. Lo previsible es que otras comunidades sigan a la valenciana, incrementando las necesidades de financiación del Tesoro en un momento en que afronta importantes vencimientos de deuda y ha consumido ya buena parte del colchón de liquidez con que contaba.
    Todos los indicadores de confianza se han deteriorado
    Esos problemas de financiación golpean cada vez más al conjunto de la economía. Las empresas y los bancos (incluso los más grandes, que hasta las reformas financieras de este año habían resistido con una calificación alta) tienen cerrado el acceso a los mercados. El crédito se contrae, las inversiones se resienten, la riqueza de las familias se evapora en un espiral que se retroalimenta.
    La Bolsa cotiza a la vez ese deterioro financiero, macroeconómico y empresarial. Y ayer fue contundente. El Ibex cayó un 5,82% en su mayor retroceso desde mayo de 2010. La Bolsa española es este año la segunda peor del mundo, solo por detrás de la de Chipre. Ayer los desplomes fueron generalizados, pero se cebaron sobre todo con el sector financiero. La mayor caída fue la de Bankia (un 10,4%), que ayer cumplía un año en el mercado.
    Esta semana, el Fondo Monetario Internacional ha subrayado en un informe cómo la crisis de Bankia, la gran entidad financiera próxima al PP que ha tenido que ser nacionalizada, ha aumentado la prima de riesgo española. La gestión y desenlace de esa crisis hicieron inevitable que España pidiera el rescate de Europa para sanear la banca.
    Al Gobierno no le ha funcionado ni el rescate financiero ni el plan de ajuste
    Ese rescate financiero no solo no ha aliviado el panorama, sino que por ahora lo ha agravado. La prima de riesgo se ha disparado desde que se anunció la petición. España no ha logrado librarse del estigma de los rescatados. Los inversores exigían ayer una rentabilidad del 7,27% a los títulos del Tesoro a 10 años; del 6,87% a cinco años, y al 5,76% a dos años. Por contraste, los tipos a dos años son negativos para la deuda de Alemania, Finlandia, Holanda y Austria y del 0,1% o el 0,2% para la de Francia y Bélgica.
    España ha entrado en una situación límite y no encuentra salida, pues tampoco el ajuste ha servido de nada. El Gobierno clama a la desesperada por que intervenga el BCE, al que el ministro José Manuel García-Margallo descalificó ayer poco diplomáticamente al llamarle “banco clandestino” por no actuar. Mientras el Gobierno se desespera, los inversores apuestan por el rescate total, o quién sabe si por algo peor.

    Pero el Gobierno que preside Alberto Fabra no será el único que se acoja a este mecanismo, que el Gobierno ha configurado igual que los fondos europeos que sirven para rescatar a los Estados. Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Canarias y, posiblemente, Andalucía, entre otras, tienen problemas para hacer frente a sus vencimientos por las duras condiciones que exigen los mercados. Algunas de estas comunidades estudian pedir el rescate financiero del Estado y asumir las duras condiciones presupuestarias que conlleva.
    Los Ejecutivos regionales tienen que hacer frente a vencimientos de deuda por más de 15.838 millones de euros en lo que queda de año —se incluyen tanto préstamos, líneas de crédito y títulos de deuda—. Además, deberán formalizar otros 15.000 millones de deuda para financiar el déficit permitido este año, en el 1,5% del PIB. Las comunidades que tienen más vencimientos son Cataluña, que debe hacer frente a vencimientos por 5.755 millones en lo que queda de año; la Comunidad Valenciana, 2.883 millones; Andalucía, 1.610 millones; la Comunidad de Madrid, 1.344 millones; La Rioja, 940 millones, y Castilla-La Mancha, 705 millones, según los datos de vencimientos de deuda aportados por los Gobiernos autónomos a Hacienda en los planes de equilibrio financiero. No obstante, en algunos de estos vencimientos están incluidas varias líneas de crédito que se cancelan y se renuevan sucesivamente, lo que engorda la deuda pendiente equivocadamente como en el caso de La Rioja.
    El rescate que el Gobierno ha configurado es igual que el de los fondos europeos que sirven para rescatar a los Estados
    El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha sido uno de los más claros sobre su adhesión al fondo estatal de liquidez: “Estamos muy preocupados por la tesorería de la comunidad”, indicó la semana pasada tras asegurar que se acogería al mecanismo estatal. El portavoz del Gobierno de Murcia, José Ballesta, también se ha mostrado abierto a sumarse al FLA, aunque con matices. “Es evidente que la Consejería de Economía estará muy atenta a todo lo que suceda y en su momento, si lo cree oportuno, acudirá a ese fondo, que está abierto a todas las autonomías”. Por su parte, el presidente Balear, José Ramón Bauzá, aseguró ayer que su comunidad "tiene solvencia económica" y descartó que vaya a pedir un rescate al Gobierno como ha hecho la Comunidad Valenciana.
    En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que coordina la política económica del Gobierno con los consejeros de Economía regionales, varios consejeros reclamaron al Gobierno que aprobara cuanto antes un instrumento de liquidez para que las autonomías pudieran hacer frente a los vencimientos de sus deudas. El consejero de Aragón, José Luis Saz, aseguró que pese a que su comunidad no tenía ese problema, “la falta de financiación de las administraciones autonómicas es un problema importantísimo. Es un asunto que nos preocupa”. Saz precisó: “Pese a que no todas las comunidades tenemos ese problema habrá que buscar una solución conjunta para todas”. Al día siguiente, el Ejecutivo aprobó el mecanismo de financiación para rescatar a las comunidades.

    Los bancos cierran el grifo

    Los Gobiernos regionales están asfixiados. En las últimas semanas algunos bancos habían frenado el crédito a las comunidades a la espera de que el Gobierno pusiera en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La liquidez de las comunidades autónomas se ha evaporado. Pese a que la mayoría de las comunidades han emprendido una severa poda en los gastos regionales, la recaudación está en caída libre. Los ingresos no financieros de las comunidades autónomas cayeron un 6,15% durante el primer trimestre del año, según los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el primer trimestre de 2012. La recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), uno de los más importantes para las comunidades porque lo gestionan ellas mismas, se ha reducido casi un 23% entre enero y abril de este año.
    Esta situación ha secado la tesorería de las comunidades que empiezan a lucir telarañas en sus cajas de caudales. Un ejemplo de la agónica situación que padecen las autonomías es la Generalitat de Cataluña, que hace dos semanas tuvo que formalizar un crédito de 500 millones para pagar la paga extraordinaria de verano a sus funcionarios.

    El truco del palo y la zanahoria

    Mientras tanto, Hacienda practica con las comunidades el juego del palo y la zanahoria, como dijo el propio Montoro. Por un lado ha aprobado un plan de pago a proveedores para que pudieran liquidar las facturas impagadas por 17.000 millones, les adelantó en enero la liquidación del sistema de financiación de 2010 que debía pagar a finales de este mes y ha creado el fondo de liquidez para vencimientos. Pero por el otro lado, está apretando de lo lindo a las autonomías para que aceleren el control de sus cuentas públicas. Les amenaza continuamente con la intervención y les aprieta las clavijas cada vez con más fuerza.
    Esa estrategia provocó una pequeña rebelión en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ha logrado un margen de un año para rebajar el objetivo de déficit y ha obtenido de Bruselas un punto adicional de déficit este año, que no ha querido compartir con las comunidades.
    Todo lo contrario, en el cuadro macroeconómico que el Gobierno presentó ayer se establece unas metas de déficit para las comunidades más exigentes que para el Estado, lo que obligará a nuevos ajustes. Por eso, se está librando una lucha entre las comunidades y el Ministerio de Hacienda para compartir la responsabilidad política de los recortes.

    Vía: www.elpais.com
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